Efectuada en la ciudad de Viña del Mar
El Alcalde de la comuna de Natales, Fernando Paredes Mansilla, viajó hasta el norte de nuestro país para participar de una reunión que tuvo como objetivo, plantear y defender la postura de la administración de los casinos de juegos municipales.
Las 7 comunas que cuenta con casinos municipales son: Arica, Iquique, Coquimbo, Pucón, Viña del Mar, Puerto Varas y Puerto Natales. Los jefes comunales se reunieron para plantear una nueva estrategia para relacionarse con el gobierno, dado el poco respaldo encontrado hasta el momento.
Los ediles fueron enfáticos en señalar, “que se ha hecho un esfuerzo muy grande para exponer de manera técnica y objetiva a las distintas autoridades, y los daños irreparables que generaría para el desarrollo económico”.
En cuanto al documento firmado por los ediles, este señala; “Tenemos el imperativo histórico de defender lo que denominamos un patrimonio esencial de nuestras ciudades, que les fuera concedido desde las primeras décadas del siglo anterior, con el propósito que se erigieran como faros de desarrollo de la actividad turística nacional…”.
La siguiente es la declaración pública firmada por los ediles:
DECLARACION PÚBLICA
1. La Superintendencia de Casinos de Juego ha dictaminado que por la ley 19.995 los Casinos Municipales se extinguen en diciembre de 2015. Si lo que ha resuelto esta entidad del Estado prevaleciera, significaría que el principal activo de 7 importantes ciudades de Chile sería entregado gratuitamente a particulares.
2. Los Alcaldes de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales, tenemos el imperativo histórico de defender lo que denominados un patrimonio esencial de nuestras ciudades, que les fuera concedido desde antiguo, desde las primeras décadas del siglo anterior, con el propósito que se erigieran como faros de desarrollo de la actividad turística nacional.
3. El sentido natural de la ley de Casinos de Juego fue aceptar la existencia estrictamente regulada de casinos en el país, velando por la transparencia en las licitaciones de los permisos de operación y la idoneidad de los operadores.
4. Nunca se debatió en el Congreso que se despojaría a nuestras comunas de sus casinos municipales. No sería razonable ni compatible con el bien común, una norma que consista en que bienes públicos de primera prioridad para cientos de miles de chilenos sean entregados, sin justa causa ni debido pago o compensación, a unos pocos particulares.
5. En su oportunidad, si estos aviesos propósitos perseveran, el conflicto se trasladará a la sede jurisdiccional. Hoy es el momento que la autoridad acepte que tiene el deber ineludible de adoptar decisiones orientadas hacia el bien común. En tal sentido, no resulta explicable que las autoridades competentes se nieguen a recibir a los alcaldes de las comunas amenazadas, y se resistan a compartir el diagnóstico de una crisis de tal magnitud que hará rebajar la calidad de vida de un millón de chilenos.
6. La historia es testigo de lo que estas ciudades turísticas han hecho con el rédito de su prerrogativa de funcionamiento de casinos de juego. Por más de
80 años hemos vigilado porque el juego sea un esparcimiento de turistas, una entretención restringida a mayores de edad. Jamás estas ciudades turísticas han promovido el juego como una conducta habitual. A su vez, los recursos que hemos ingresado a arcas municipales, nos han permitido forjar comunas integrales, cuya economía se basa en los servicios que comienzan la cadena de valor a partir de un urbanismo y su entorno que es apreciado tanto en Chile como en el extranjero.
7. En los últimos 5 años hemos desplegado todos nuestros esfuerzos e imaginación por explicar la razonable idea de incorporar en la legislación actual el Estatuto de Casinos Municipales, que permita a las ciudades mantener su derecho a percibir las utilidades del funcionamiento de casinos en sus comunas, y que los operadores se sometan en todo a un único régimen normativo y tributario.
8. El Gobierno de la ex Presidenta Bachelet propuso al Senado que se discutiese una nueva política pública sobre casinos, para lo cual era esencial extender el período de término hasta el año 2025. Las actuales autoridades se niegan a este debate, por lo que exigimos a lo menos y por ahora, la extensión por 15 años de los casinos municipales y así evitar el colapso de nuestras ciudades.
